La contratación pública responsable, además de ética y legal, es eficiente desde un punto de vista económico.
Según un estudio del Servicio Navarro de Empleo, ” Cada euro que se destina a la contratación de Empresas de Inserción y de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, a través de la Reserva de Contratos, tiene un retorno de 2,73 €.”
Los contratos reservados contribuyen a mejorar la vida de muchas personas con dificultades, a través de un empleo digno, en tanto que fomentan e impulsan la integración sociolaboral de personas con discapacidad o en situación de exclusión social. También es posible y totalmente legal la reserva de ciertos contratos sociales, culturales y de salud, a las cooperativas y sociedades laborales, lo que constituye una importante novedad de la Ley 9/2017.
Para facilitar la transición hacia la compra pública responsable ASATA, a través del Observatorio de la contratación pública de la Economía Social pone a disposición de las Administraciones Públicas asturianas, asesoramientos y formaciones sobre como fomentar la participación de las empresas de Economía Social en los concursos.
Los sistemas por los que se puede primar a las empresas comprometidas con el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la cohesión social y con las personas más desfavorecidas, son varios.
Por un lado, mediante la incorporación en los pliegos de cláusulas sociales y medioambientales, de forma que se premie a las empresas que cuenten con políticas de responsabilidad social y medioambiental. La calidad en el empleo está íntimamente relacionada con las características de las empresas de Economía Social, en tanto que son empresas que cuentan con una plantilla de trabajo estable, participativa y democrática.
Por otro lado, establecer cuotas de mercado o reservas. La Ley que regula los contratos públicos establece la posibilidad de limitar la concurrencia en las licitaciones, a favor de las empresas de Economía Social, es decir, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción, cooperativas y sociedades laborales.
En Asturias hay 672 empresas de este sector, la gran mayoría pymes, que dan empleo a más de 4.500 personas. Como empresas sociales promueven un empleo estable y de calidad, generan condiciones laborales de igualdad entre hombres y mujeres, favorecen la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a la vez que son solidarias con su entorno.
Para conocer cuáles son las empresas asturianas que pueden ser objeto de reservas de contrato, ASATA en su página web, se erige como un elemento clave. Se ha creado un buscador de empresas de Economía Social con información relevante como datos de contacto, sector de actividad, tamaño, número de personas trabajadoras, experiencia en contratación pública, reconocimientos, etc, promoviendo una mayor transparencia y participación del sector en la contratación pública.
Desde este programa, se ha asesorado a más de 35 empresas de Economía Social, 15 administraciones públicas, y más de 80 personas con interés en licitaciones. Además, se organizan e imparten charlas sobre compra pública responsable.
Este Observatorio permite, además, una colaboración público-privada que posibilita celebrar convenios con entidades públicas asturianas, como el que mantiene con el Ayuntamiento de Siero, gracias a los cuales, las empresas de Economía Social han resultado adjudicatarias de distintas obras y servicios.
Todas estas acciones están cofinanciadas por el FSE y la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias.
Las entidades, públicas o privadas, interesadas pueden visitar nuestra web https://asata.es/observatorio-de-la-contratacion-publica-de-la-economia-social/, contactar con el teléfono 985.35.98.17 / o en el correo electrónico asata@asata.es.
