Las Sociedades Laborales, en sus 50 años de historia, han sido capaces de irse adaptando a las distintas coyunturas que el mercado social y empresarial ha ido presentando.
El contexto actual se presenta como un escenario diferente al conocido hasta la fecha, con una economía cada vez más globalizada, recuperándose de una pandemia mundial y con la imperiosa necesidad de afrontar la emergencia climática en la que estamos inmersos. Las distintas fases vividas por las sociedades laborales han ido necesitando una actividad legislativa que permitiera su supervivencia y adaptación a los cambios, y en ese punto de inflexión parece que nos encontramos.
La actual Ley de Sociedades Laborales y Participadas, del 2015, no solo no ha conseguido producir el efecto deseado en la creación de nuevas sociedades laborales, sino que ha propiciado que muchas de las que ya existían hayan perdido su calificación por el camino. Esto nos lleva a plantearnos no solo la necesidad de acometer una reforma, sino también el alcance y profundidad de la misma.
Hemos alcanzado un punto, en el que parece que se ha perdido la cultura de la “laboralidad” en favor de la del “emprendedor”, y buen reflejo de esto es la crisis sindical, cuya actividad se está reduciendo al ámbito de la gran empresa y de la función pública. La recién estrenada ley concursal ha dejado pasar la oportunidad de promover la transformación de empresas en crisis, sin haber sido capaz de suponer una herramienta realmente eficaz que permita desligar la entrada en concurso de una situación de no retorno.
Pero no todo se debe a una legislación inadecuada, sino que existen otros muchos factores decisivos que nos abocan a tener que plantear estrategias para conseguir superar esta situación.
En primer lugar, debemos observar qué está ocurriendo en nuestro entorno para darnos cuenta de cuál es el papel de la sociedad laboral. La aspiración transformadora de la Economía Social, que plantea un nuevo modelo en las relaciones laborales con la superación de la dicotomía entre propiedad y trabajo, y fomentar la participación del trabajador en todos los ámbitos de la empresa se está viendo desplazada por un movimiento internacional que fija el foco en los ODS, y propone modelos de gestión avanzados. Fruto de esto, son las denominadas compañías B-Corp que ya cuentan con reconocimiento legal en España y que nos ofrecen un modelo similar a la economía social, pero sin tener en cuenta la propiedad. Y es en la “propiedad” donde se encuentra hoy el verdadero debate, y donde muchas veces nos cuesta distinguir si el modelo empresarial del que se habla es realmente una sociedad laboral o una empresa con buenas intenciones hacia los trabajadores y hacia la sociedad. La sociedad laboral debe estar alineada con los ODS, evidentemente, pero su característica principal no es esa, sino la de que las personas trabajadoras sean las propietarias de su empresa. Y esto no le gusta a ningún agente social, económico o político. Buen ejemplo de esto, es la implementación de la Ley de Contratos del Sector Público, que a pesar que de que en su disposición adicional 48 permite la reserva de contratos para las sociedades laborales son contadas excepciones el uso que del mismo han hecho las Administraciones.
La propiedad, individual o compartida, está siendo atacada por los grandes grupos económicos a través de sus canales mediáticos. Permanentemente nos venden las ventajas del pago por uso, el alquiler y el “sharing”, y vemos como la economía de plataforma se extiende cada vez más a la vez que se reducen el número de entidades bancarias, se concentra la gran distribución, el sector retail acaba dominado por unas pocas firmas, etc. y el individuo pasa a ser un consumidor pagador de impuestos sin ningún margen de actuación en el mercado. Mientras, se propicia una forma de trabajo donde lo importante es el “proyecto” y no la “empresa”, de tal manera que a nuestros jóvenes les ofrecemos proyectos en los que trabajar, aislados y fácilmente remplazables en muchos casos gracias al teletrabajo y donde la relación laboral pierde sentido. Como alternativa les ofrecemos ser emprendedores, y como en la lotería de la novela de 1984, con la expectativa de que algún día tendrán tanto éxito que algún inversor les comprará la empresa y se harán ricos. Todo esto está siendo sistemáticamente apoyado por los poderes públicos, que no se cansan en buscar proyectos empresariales que acaben siendo “unicornios” sin importar aspectos como la generación de empleo de calidad para la sociedad donde se asientan. Buen ejemplo de estas políticas es la reciente ley de empresas emergentes, que es la antítesis de lo que nosotros defendemos y del modelo empresarial que queremos crear.
Para combatir esto, debemos crear una contracultura y transformar la sociedad laboral, pero sin renunciar a su esencia: la relación de ajenidad que la caracteriza y que hace que sea la empresa y no el proyecto lo que nos une, y por tanto la propiedad de la misma y dueños de un destino común. Ser propietarios de nuestra empresa nos da libertad, nos permite decidir, nos permite participar, opinar y compartir. No es un tema menor como nos quieren hacer creer los que solo buscan aparceros. Está estudiado que el desarrollo del campo se produjo de una manera más eficaz cuando el campesino era su dueño, de manera individual o colectiva, y no cuando pertenecía a aristócratas rentistas, convertidos hoy en una clase directiva solo preocupada por su bonus y no por el futuro de la empresa.
Aspecto clave para esta evolución y adaptación a la realidad que está por venir, pasa por reformular, en parte, aquellos aspectos más rígidos que la condicionan, a favor de fórmulas más flexibles. Esta transición puede suponer el momento ideal para replantearse la conveniencia o no de mantener o rediseñar aquellos principios recogidos en la actual ley de sociedades laborales que han ido quedando obsoletos con el paso de las distintas modificaciones legislativas, que han ido incidiendo, de uno u otro modo, en ella.
En los últimos meses, hemos ido conociendo la nueva reforma laboral, la ley de empresas emergentes y las distintas reformas fiscales, que han ido dificultando la creación o transformación de sociedades mercantiles en laborales, dejando a la actual Ley 44/2015 necesitada de reforma.
Quizá sea el momento de que creemos las condiciones para que haya más gente dispuesta a emprender, motivando a los trabajadores para que formen su propia empresa, desterrando el concepto de emprendedor como persona física e individual, contra el mundo, a favor de una cultura participativa y adaptable, sin necesidad de aferrarse a la idea rigurosa de determinados requisitos autoimpuestos tradicionalmente por el propio sector, en favor de la flexibilidad, que permita no solo su supervivencia sino incluso su porvenir.
En definitiva, salir de la involución hacia fórmulas que promuevan que todas las personas trabajadoras, más allá de sus fundadoras, puedan llegar a ser socias. Aprovechemos también ese viento a favor, donde las personas jóvenes cada vez ponen más en valor a las empresas en las que la igualdad de género, la conciliación, la salud laboral, la formación y la gestión del tiempo de manera más flexible. Un trabajador motivado, es un trabajador productivo, y no hay mejor forma de propiciar ese ecosistema, que formar parte de una empresa en la que tomamos decisiones y participamos, a la vez que creamos una sociedad sostenible.
Es tiempo de hacer y difundir emprendimiento de una manera distinta, desde la colectividad, con arraigo al territorio y poniendo en el centro no solo a la persona, sino abanderando una forma de hacer empresa que, por sí misma, permita superar el reto de una economía cada vez más globalizada.
Escrito por Miguel G. Lastra | Gerente de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA) y miembro de la Junta Directiva de la Federación Empresarial de Sociedades Laborales y Empresas Participadas de España (Laborpar)| para www.nuevatribuna.es
