La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la primera resolución sobre Economía Social

La vicepresidenta ha destacado el papel decisivo de la Economía Social para hacer transitar la economía hacia un modelo de desarrollo sostenible

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha adoptado hoy la primera resolución de la historia de esta institución para impulsar la Economía Social en todo el mundo, una medida propiciada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

 

Resolución pionera

La vicepresidenta ha destacado en su intervención el papel determinante que está destinada a desempeñar la Economía Social para hacer que la economía pueda evolucionar hacia un modelo de desarrollo sostenible que preserve los derechos de las personas trabajadoras y a la vez sea respetuoso con el medio ambiente.

“Esta pionera resolución ofrece las herramientas para encarar los grandes desafíos que la humanidad tiene ante sí. La reducción de las desigualdades y la protección del Medio Ambiente”, ha asegurado la ministra en la Asamblea General de la ONU.

 

“Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”

La resolución “Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”, adoptada hoy en la Asamblea General de la ONU, recoge y consagra la definición de la  Economía Social contenida en la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2022, en la que se describe como un modelo alternativo con capacidad de generar empleo de calidad.

Desde el punto de vista práctico, la resolución de la ONU insta a los Estados miembros a incorporar la Economía Social en sus planes nacionales e insta a las organizaciones internacionales y los organismos financieros internacionales a impulsarla y reforzarla.

España, uno de los primeros países del mundo en contar con una Ley de Economía Social, acaba de modernizar su legislación aprobando el anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social que agrupa todas las leyes del sector (ley de cooperativas, ley de las empresas de inserción y la ley de la Economía Social) para avanzar en su implementación y adaptarla a las nuevas realidades en este sector, integrado por más de 43.000 empresas y entidades.

Este modo diferente de crear un tejido productivo entronca, además, con los objetivos de Naciones Unidas de fomentar una economía sostenible, que pueda facilitar los Objetivos de Desarrollo contemplados en la Agenda 2030 y que, además, se inclusiva y solidaria con los vulnerables.

Según ha explicado la ministra, su papel decisivo viene marcado además por la particularidad de que otorga a las personas a las comunidades en las que se implica el control directo en ámbitos tan relevantes como la producción agrícola, la salud, la industria, el comercio, la educación, la vivienda, la distribución energética o las finanzas.

España ha contado en esta iniciativa con el apoyo de Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mongolia, Portugal, República Dominicana y Senegal.

 

Desarrollo económico con justicia e igualdad

En palabras de la vicepresidenta, “la Economía Social ha logrado desmentir el interesado tópico de que el desarrollo económico de un país debe sacrificar, inevitablemente los ideales de justicia e igualdad”.

La ministra recordó en ese sentido que la mayor flexibilidad y estabilidad laboral que ofrece la Economía Social ha sido decisiva para reducir la brecha salarial. Y ha puesto como ejemplo el caso de España, donde la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Economía Social es ocho puntos menor que en la media de la economía española.

 

Puedes descargar el texto de la primera resolución aquí