El Consejo de ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Cooperación al Desarrollo y sitúa a la Economía Social como aliada estratégica

El texto sitúa a la Economía Social como un aliado estratégico para el desarrollo de actuaciones de cooperación al desarrollo en un marco de colaboración público-privada.

El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que tiene como objetivo convertir a España en referente internacional de un nuevo modelo de cooperación. La futura norma actualiza la actual, vigente desde 1997, y está alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los acuerdos de cambio climático de París y otros instrumentos internacionales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado que el texto refleja los valores de los españoles en la lucha contra la desigualdad, la pobreza y las crisis medioambientales, defiende la igualdad de género, los derechos humanos y la democracia. Además, sitúa a España como un país más digno en el seno de la comunidad internacional.

Albares ha subrayado que la norma da rango legal al compromiso adquirido por España en el seno de Naciones Unidas y de la Unión Europea de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030 y establece una planificación plurianual basada en la disponibilidad presupuestaria. Al respecto, el ministro ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incrementan en casi 400 millones de euros la ayuda al desarrollo y recupera una década de retroceso en este ámbito.

En su artículo 35, la futura ley recoge el papel de la economía social, y el fomento de partenariados y alianzas público-privadas, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo global en los países socios de la cooperación. La mejora de las cadenas de valor, la asistencia técnica, la cooperación financiera, la inversión de impacto, la investigación y la innovación para el desarrollo sostenible, y el  omento de la participación social en la cooperación al desarrollo sostenible serán los ámbitos preferentes de estas alianzas.

Asimismo, el texto también establece una cooperación financiera más ágil y eficaz entre todas las administraciones que realizan ayuda oficial al desarrollo: Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y ayuntamientos.

José Manuel Albares también ha incidido en que el texto presentado hoy refuerza la gobernanza del sistema de cooperación, mejora la transparencia y favorece la rendición de cuentas. Con estos fines se crea un Consejo Superior de Cooperación; una Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, como espacio de coordinación, y se eleva de rango a la Comisión Interministerial existente, a la que acudirán los secretarios de Estado.

Además, la norma, a juicio del ministro, abre “una reforma de calado del sistema de cooperación”, al desarrollar un nuevo estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), un nuevo estatuto para dignificar el trabajo y las carreras profesionales de los cooperantes, y un nuevo instrumento de cooperación financiera con un marco normativo de subvenciones adaptado a las especificidades de la cooperación internacional.

 

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