La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha entrado en vigor el 10 de abril de 2022, transpone diversas Directivas europeas al ordenamiento jurídico español, y tiene como objetivos:
- Intensificar la lucha contra el cambio climático
- La protección del medioambiente y la salud
- Seguir avanzando en la consecución de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: ODS nº12 (producción y consumo sostenibles), ODS nº13 (acción por el clima) y ODS nº14 (vida submarina).
La norma regula en su título VII dos nuevos impuestos medioambientales: el Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables (artículos 67 a 83, ambos inclusive) y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y coincineración de residuos (artículos 84 a 97, ambos inclusive), si bien no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2023.
Estructura y contenido de la norma
Cuenta con 9 Títulos, 118 artículos y más de 40 disposiciones entre adicionales, transitorias, derogatorias y finales:
- El título preliminar contiene las disposiciones y principios generales y se cierra con la clasificación de los residuos de conformidad con la Lista Europea de Residuos y los mecanismos para su posible reclasificación.
- El título I está dedicado a los instrumentos de la política de residuos.
- El título II es el relativo a la prevención de residuos, estableciendo objetivos y medidas específicas para romper el vínculo entre el crecimiento económico e impactos sobre la salud y el medio ambiente.
- El título III desarrolla las obligaciones de los productores y de los gestores de residuos.
- El título IV trata la responsabilidad ampliada del productor del producto, recogiendo la regulación establecida al respecto en la Directiva (UE) 2018/851.
- El título V se dedica a las medidas para la reducción del consumo de determinados productos de plástico, así como a su correcta gestión como residuo.
- El título VI trata la información sobre residuos con el objeto de mejorar la trazabilidad y aumentar la transparencia en la gestión de los residuos.
- El título VII, sobre medidas fiscales para incentivar la economía circular desarrolla el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
- El título VIII contiene la regulación relativa a los suelos contaminados.
- El título IX regula la responsabilidad, la vigilancia, inspección y control y el régimen sancionador.
Asimismo, esta ley también contribuye a la creación y consolidación del empleo en el sector de la gestión de residuos, con un reconocimiento expreso a la Economía Social, cuando establece que las administraciones públicas licitarán al menos el 50 % de los contratos relativos a la gestión de residuos, a través de contratos reservados a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.
Disposición Adicional Decimonovena: Contratos reservados en la gestión de residuos textiles:
- “De conformidad con la disposición adicional cuarta de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en relación con las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres, los contratos de las administraciones públicas serán licitados y adjudicados de manera preferente a través de contratos reservados.
- Para dar cumplimiento a dicha obligación, al menos el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservada a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social autorizados para el tratamiento de residuos. En caso contrario, la administración pública y el órgano de contratación deberán justificarlo debida y motivadamente en el expediente y podrá ser objeto de recurso especial o de los recursos establecidos en materia de contratación pública.”
Esta regulación, viene a complementar a la D.A 4ª de la Ley de Contratos del Sector público, cuando establece que se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a Empresas de Inserción.
