La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha aprobado 15 enmiendas transaccionales que se incorporan al Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobado por el senado el pasado martes 22 de marzo.
Se trata de un proyecto de ley que transpone las directivas europeas de residuos y de plásticos de un solo uso a la normativa estatal, sustituye la actual legislación que data de 2011 y establece nuevos impuestos al vertido e incineración y a la fabricación de plásticos de un solo uso, además de fijar objetivos de recogida selectiva para la materia orgánica y otros residuos como los textiles y de blindar el “derecho a reparar”, entre otros cambios.
Entre las enmiendas aprobadas, y respaldada por una buena parte de los grupos parlamentarios del Senado, se encuentra la que propone establecer una reserva del 50 % de la contratación pública de la gestión de residuos textiles para empresas de la Economía Social.
Otra de las enmiendas aprobadas es la relativa a modificar la legislación del IVA para que las donaciones que se efectúen a ONGs queden exentas de ese impuesto, algo que favorecerá la prevención de residuos al fomentar que las empresas donen excedentes en lugar de destruirlos
Por otro lado, la ley de residuos obligará a las empresas que producen toallitas higiénicas a cumplir con los requisitos que imponen las normas UNE si quieren etiquetarlas como biodegradables y susceptibles de ser desechadas por el inodoro.
Otras medidas aún no aprobadas, son por ejemplo aumentar objetivos de recogida selectiva de la materia orgánica – se propone llegar al 75 % con solo un 10 % de impropios- así como la creación de más sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP).
Asimismo, se ha aprobado una enmienda que elimina la restricción al Bisfenol A, una sustancia tóxica que se emplea en la fabricación de plásticos y resinas y que las autoridades europeas reconocen como peligrosa para la salud humana.
En cuanto a la presión fiscal, la ley incorpora un canon hidroeléctrico que se aplicaría a las empresas titulares del aprovechamiento hidráulico en las cuencas hidrográficas de competencia estatal.
La incorporación de esta previsión de reserva de contratación pública para empresas de Economía Social, se erige como un gran hito en materia de contratación pública responsable, permitiendo que la contratación de la gestión de residuos textiles esté guiada por criterios de sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental.
Los contratos reservados son una herramienta, cada vez más extendida pero todavía escasamente utilizada, para que el sector público refuerce su papel como garante del Estado del Bienestar a través de la contratación pública.
El OCPES de ASATA
El Observatorio de Contratación Pública en Economía Social ofrece servicios de asesoramiento, asistencia técnica y divulgación con el objetivo de fomentar el establecimiento de contratos con reserva de mercado y fortalecer a centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción y cooperativas de iniciativa social, además de normalizar y visibilizar la contratación pública responsable.
El OCPES se desarrolla en el marco del Programa POISES del Fondo Social Europeo, en colaboración con la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica de Asturias y el impulso de Cepes como Organismo Intermedio del FSE.