La Fundación EDES gestionará un obrador sostenible en Tapia de Casariego como motor de inclusión en el occidente asturiano

El Cabillón se concibe además como un recurso al servicio del territorio, contribuyendo a la dinamización de la economía local, al aprovechamiento responsable de recursos y a la fijación de población en el medio rural

La Fundación EDES gestionará el nuevo obrador sostenible de El Cabillón, en el concejo de Tapia de Casariego, tras la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego. El proyecto supone un nuevo avance en la apuesta por un modelo de desarrollo territorial basado en la economía social, la inclusión sociolaboral y la sostenibilidad.

El acuerdo, financiado a través del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial, contempla una inversión de 120.000 euros destinada a la rehabilitación y adecuación de las instalaciones municipales, que serán gestionadas por la Fundación EDES como espacio de formación, empleo y actividad productiva, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad social.

Desde la Fundación EDES se destaca que este obrador no es solo una infraestructura, sino una herramienta estratégica para generar oportunidades reales de inserción laboral, combinando formación práctica, acompañamiento social y actividad económica con impacto en el entorno. El proyecto permitirá desarrollar itinerarios personalizados de inclusión, reforzando la autonomía personal y profesional de las personas participantes.

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El obrador sostenible de El Cabillón se concibe además como un recurso al servicio del territorio, contribuyendo a la dinamización de la economía local, al aprovechamiento responsable de recursos y a la fijación de población en el medio rural, en línea con los principios de la economía social y los objetivos de cohesión territorial del Principado de Asturias.

Con esta iniciativa, la Fundación EDES refuerza su papel como agente clave del ecosistema de economía social asturiano, demostrando que la colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales es fundamental para avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y sostenible, donde las personas y el territorio ocupan un lugar central.

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