Observatorio de la contratación pública en la Economía Social
Finalidad
Crear una plataforma de Observatorio de Contratación Pública y una serie de servicios de asesoramiento, asistencia técnica y divulgación vinculados a la misma con el objetivo de fomentar el establecimiento de contratos con reserva de mercado y fortalecer a centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción y cooperativas de iniciativa social, además de normalizar y visibilizar la contratación pública responsable.
Objetivos
- Mejorar la tasa de reserva de contratos en administración local y autonómica.
- Elaborar y difundir una guía propia, que sea la referencia sobre contratos reservados y contratación pública responsable en el Principado de Asturias.
- Divulgar y promover la contratación pública responsable y visibilizar su situación, además de dar difusión de la LCSP 9/2017.
Introducción
La contratación pública supone aproximadamente el 18,5% del PIB español, según datos de la CNMV, lo que supone más de 250.000 millones de euros, según FAEDEI. A nivel europeo, supone más del 14 % del PIB de la UE.
Con estas cifras, no es difícil percatarse de que se trata no sólo de un motor económico, sino que su potencial social es innegable.
La regulación jurídica en la contratación pública ha ido evolucionando para adaptarse tanto a la situación de crisis económica como para cumplir con la Normativa Europea:
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuyos objetivos inspiradores, son lograr una mayor transparencia en la contratación pública y una mejor relación calidad-precio.
Mediante la LCSP se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios cuenta con una trasposición específica).
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, lleva en vigor desde 9/03/2018, e incorpora, de manera transversal y preceptiva, criterios sociales y medioambientales, primando la relación calidad-precio y favoreciendo el acceso a la contratación pública de PYMES y Empresas de Economía Social.
Se trata de una Ley que consolida y amplía la figura de la reserva de contratos, permitiendo limitar la participación en la licitación o adjudicación de un contrato público a CEEIS y a Empresas de Inserción, así como a empresas de Economía Social.
Descripción y finalidad del OES
Dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social POISES, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y para generalizar la aplicación de la precitada Ley, se crea el presente Observatorio de la contratación pública en el Principado de Asturias, con la finalidad de promover la reserva de contratos en la Administración Pública, tanto local como autonómica, del Principado de Asturias.
Para ello, se propone divulgar y mejorar el conocimiento sobre la LCSP 9/2017 y sus implicaciones, mediante asesoramientos personalizados, tanto individuales como grupales, a entidades de economía social y a favor de las propias Administraciones públicas.
Asimismo, mediante la realización de un seguimiento de las contrataciones con reserva de contratos que se efectúen en el Principado, se pretende impulsar la transparencia y la integridad del sistema de contratación pública y mejorar su eficiencia, facilitando el acceso al mercado público e impulsando la cooperación y colaboración interadministrativa y público-privada en la contratación pública
El presente proyecto tiene como fin aumentar el número de entidades y empresas de economía social que trabajan para la integración laboral de personas con discapacidad y/o en situación o riesgo de exclusión social, la mejora de la competitividad de éstas y el refuerzo de sus estructuras representativas (facilitando su financiación y mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo a la creación y a la consolidación), así como mantener el empleo de estos grupos sociales vulnerables, desarrollados por entidades y empresas de economía social y la aplicación de medidas para paliar el efecto de la crisis generada por el COVID-19.
En consecuencia, se trata de un Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social POISES, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el Objetivo Temático 9, Prioridad de Inversión 9.5, Objetivo Específico 9.5.1 y 9.5.2.
Con el objeto de garantizar la objetividad y transparencia en el uso de los Fondos Europeos y de promover la colaboración público-privada, CEPES como Organismo Intermedio del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) es la entidad competente para aplicar los procedimientos y criterios de selección de proyectos, la gestión de la ayuda y la realización de los controles y las verificaciones necesarias respecto al desarrollo de los proyectos subvencionados.
Duración del Proyecto: Desde 01/2021 hasta 08/2023.
Objetivos
General
- Mejorar la tasa de reserva de contratos en administración local y autonómica.
Específicos
- Elaborar y difundir una guía propia, que sea la referencia sobre contratos reservados y contratación pública responsable en el Principado de Asturias.
- Divulgar y promover la contratación pública responsable y visibilizar su situación, además de dar difusión de la LCSP 9/2017.
Objetivos a corto plazo
- Difundir la LCSP 9/2017, y sus implicaciones, mediante asesoramientos y jornadas de difusión, apariciones en medios, redes sociales y a través de una página web creada al efecto, la cual servirá como buscador de pliegos de contratos y de empresas potencialmente beneficiarias.
Objetivos a largo plazo
- Incrementar la tasa de reservas de contratos, mediante la facilitación y normalización de prácticas socialmente responsables.
Alcance
El observatorio de Contratación Pública del Principado de Asturias pretende satisfacer la necesidad de fomentar la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación pública, así como fomentar la transparencia en la contratación pública responsable, mediante la implantación de todas aquellas prácticas que favorezcan su uso desde la perspectiva de ambos sujetos intervinientes: Administraciones públicas y CEEIS, EI y empresas de economía social.
El presente proyecto pretende fomentar el establecimiento de contratos reservados, y con ello fortalecer a centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción y empresas de economía social: cooperativas y sociedades laborales.
Servicios y fases de desarrollo
Fase 1: Fomento y difusión de la reserva de contratos con la administración local y autonómica, para lo que se efectuarán jornadas, presenciales o telemáticas, orientadas a la inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones.
Fase 2: Asesoramientos a las Administraciones Públicas y a las empresas que potencialmente pueden ser beneficiarias de los contratos públicos: centros especiales de empleo, empresas de inserción y empresas de economía social. Los asesoramientos serán tanto individuales como grupales.
Fase 3: Seguimiento de las contrataciones con reserva de contratos. Mediante la observación y recogida de datos se busca fomentar la transparencia de la contratación pública, creando informes y estadísticas, lo cual servirá para constatar el aprovechamiento y efectividad de la reserva de contratos, tanto desde el punto de vista de las administraciones públicas, como de los CEEIS, EI, y empresas de economía social.
Destinatarios del OES
El servicio que se ofrece va destinado a Administraciones públicas, tanto locales como autonómica, del Principado de Asturias, dispuestas a implementar un método de trabajo en el que se apliquen políticas de contratación pública responsable.
Asimismo, el Proyecto se orienta a los destinatarios de la contratación pública reservada: Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, Empresas de Inserción y a las empresas de economía social, definidas en la DA 48 ª de la LCSP:
- Asociaciones y fundaciones constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación; o conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, siempre que éstas cumplan los principios orientadores que establece la Ley 5/2011 de Economía Social;
- Las cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores y las sociedades agrarias de transformación, conforme a lo establecido en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.